La Inmunidad Calificada es una doctrina legal en la ley federal de los Estados Unidos que protege a los funcionarios del gobierno de ser demandados por acciones discrecionales realizadas dentro de su capacidad oficial, a menos que sus acciones violen la ley federal “claramente establecida” o los derechos constitucionales.
La inmunidad calificada tiene por objetivo proteger a los funcionarios que “emiten juicios razonables pero erróneos sobre cuestiones jurídicas abiertas”, que se extiende a “todos [los funcionarios], excepto los claramente incompetentes o aquellos que violan la ley a sabiendas”. La inmunidad calificada se aplica solo a los funcionarios del gobierno y no protege al gobierno mismo de las demandas que surgen de las acciones de los funcionarios.
La Corte Suprema de los Estados Unidos introdujo por primera vez la doctrina de inmunidad calificada en 1967, originalmente con la justificación de proteger a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de demandas frívolas y responsabilidad financiera en los casos en que actuaron de buena fe en situaciones legales poco claras.
A partir de 2005, los tribunales aplicaron cada vez más la doctrina a casos relacionados con el uso de fuerza excesiva o mortal por parte de la policía, lo que generó críticas generalizadas de que, en palabras de un informe de 2020 de Reuters, “se ha convertido en una herramienta casi segura para dejar ir la brutalidad policial impunes y niegan a las víctimas sus derechos constitucionales “

“(a) La inmunidad calificada exime a los funcionarios del gobierno ‘de responsabilidad civil en la medida en que su conducta no viole derechos constitucionales o legales claramente establecidos o que una persona razonable hubiera conocido'”. Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223, 231 -2009-)

El  proyecto de ley “Amash-Pressley” como respuesta a poner fin a la brutalidad policial

El proyecto legislativo fue presentado la semana pasada por los miembros de la Cámara de Representantes Justin Amash (Michigan) y Ayanna Pressley (Massachusetts) y contempla la eliminación de la llamada “inmunidad calificada”, considerada una de las principales barreras para que los policías acusados de actos violentos sean juzgados en un tribunal federal. De ser aprobado este proyecto, las víctimas de abusos contra los derechos civiles tendrán más facilidad para demandar a los oficiales en la corte.
“La inmunidad calificada protege a la policía de la rendición de cuentas, impide la verdadera justicia y socava los derechos constitucionales de todas las personas en este país”, dijo Pressle.

De hecho, hace unos días se reunieron 1.400 firmas provenientes de las grandes ligas deportivas en EE.UU -NBA, MLB y NFL- entregando su apoyo a este proyecto de ley, de esta manera se busca frenar de manera definitiva el abuso policial.