Es un hecho que en la provincia de San Antonio existe un grave problema medioambiental que se ha prolongado por años, no solamente por la nula cultura ecológica de sus habitantes, sino además, por la complicidad de las autoridades locales que, observan con paciencia, como el sector privado hace y deshace con los recursos naturales, sin un control o compromiso concreto de revertir esta situación. El caso de la comuna de El Tabo, por ejemplo, donde su alcalde Emilio Jorquera, fue destituido por el Tricel por extraer y comerciar áridos (arena) a través de su empresa Jorquemat (50% de propiedad de él según declaración pública de intereses) en una zona prohibida por el Plan Regulador Comunal.

 “El Turco” se está marchitando

La siguiente información proviene del reportaje realizado por el medio electrónico “Algarrobo al Día”.

Esta localidad rural está ubicada en la comuna de Cartagena y acá comienza el estero de San Sebastián. Es aquí donde una de las mineras más contaminantes de la región, ha levantado su debastadora historia que hoy afectan a los habitantes de la zona. La empresa minera “Las Piedras Limitada” extraen del lugar 26.400 toneladas mensuales de arena cuarzosa y es por lejos, el proyecto minero más grande de la provincia. El material producido se destina principalmente a la producción de vidrio, siendo este distribuido a Cristalería de Chile S.A. en Santiago y Llay Llay. Esta mina forma parte del conglomerado Inversiones El Alto S.A., grupo que controla otras empresas en las comunas de Cartagena y El Tabo, como Transmineral (Transporte), Agrícola Avícola San Sebastián, Huevos de Hoy, además de un criadero de toros de exposición. Su gerente general es Roberto Pesce.

Junto con la mina, hace aproximadamente 25 años se instala Migrin S.A., planta encargada de realizar el tratamiento del material extraído. Alrededor de 2005 se presentan las primeras denuncias contra la minera por parte de la comunidad local. Ese año, la entonces máxima autoridad ambiental, CONAMA, se hizo parte del reclamo de los vecinos respecto a la contaminación producida por el paso de los camiones, ordenando mejoras en las condiciones de transporte del material. Una seguidilla de reclamos se sucedieron, hasta que en 2013 se presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la cual fue plenamente acogida.

En julio de 2015, tras un proceso sancionatorio, la SMA finalmente formuló una serie de cargos contra la minera. Entre estos, destacan: explotación fuera de los límites autorizados, no cumplimiento con el plan de cierre de faenas, disposición no autorizada de lodos y residuos, no controlar las emisiones atmosféricas contaminantes, no haber construido un cerco vivo para atenuar contaminación visual y sonora, y la no pavimentación de tramo de 400 metros de la vía que pasa por el poblado de El Turco. Fruto de eso, por incumplimientos graves a la hora de tomar medidas para “eliminar o minimizar los efectos adversos” del proyecto, la autoridad le aplicó una multa de 283 UTA (140 millones de pesos, aprox).

A finales del año pasado, vecinos del sector han retomado movilizaciones y reclamos. La situación, a más de cuatro años de la sanción y la multa, está lejos de haberse efectivamente solucionado. Las principales molestias acusadas por los vecinos tienen que ver con la circulación de camiones por calles sin pavimentar, ocasionando fuertes ruidos y una gran polución ambiental. El constante flujo de las máquinas, incluso a altas horas de la noche, genera problemas tanto respiratorios (se reportan al menos 12 casos de asma), como emocionales, producto de la falta de sueño y el ruido constante.

Otra de las consecuencias de esta actividad extractiva es la crítica falta de agua en la zona, donde existe una evidente sequía que se detecta fácilmente en los cerros áridos y esteros sin agua, y donde los pozos de APR (Agua Potable Rural) ya están secos, permitiendo el consumo por sectores solo durante algunas horas al día. Esto deja en evidencia una notable problemática producto de manejo abusivo del recurso hídrico, debido al consumo excesivo tanto, por un lado, de las labores mineras, por otro, del monocultivo de parrones por parte de la Viña Pataguas y de eucaliptus que la Migrin S.A. planta a modo de reforestación, y, por último, por los derechos cedidos a latifundistas de la zona. Entre estos destaca Carmen Haussler, dueña del terreno donde se encuentran los pozos que abastecen a El Turco, los cuales en la actualidad tienen una profundidad de 9 metros y que según la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas) no es posible profundizar.

Frente a esta crítica situación, la comunidad lleva ya varias semanas movilizada, realizando manifestaciones fuera de la mina y de la empresa de tratamientos (como la de ayer lunes 17, donde intervino un nutrido grupo de fuerzas policiales). También dirigieron una carta formal con fecha 24 de enero de 2020 a Guillermo Canales, representante de Migrin S.A., donde se exigen acciones mínimas por parte de la empresa, como la pronta pavimentación completa del camino donde transitan los camiones, además del cese del tránsito entre las 23:00 y las 06:00.

Ante las propuestas de la comunidad, la empresa citó a reunión el día martes 11 de febrero pasado. Ningún representante de esta se hizo presente y solo fue entregada una carta a modo de respuesta, generando molestia entre los vecinos. La molestia se acentuó al leer la respuesta de Migrin S.A.: no se compromete a acciones concretas frente la necesidad urgente de pavimentación -haciendo mención a una licitación que se comenzaría a gestionar desde marzo-, propone el uso de un “supresor de polvo” para disminuir la polución -lo que genera incertidumbre en los asistentes sobre su composición química-, modifica la propuesta de cese de camiones por un horario entre las 00:00 y las 05:00, y finalmente, propone soluciones paliativas que fueron interpretadas como una burla y oferta de compra, como son cuadernos para la escuela El Turco, estanque de agua no potable, mobiliario para centro de reuniones, talleres de artesanía, entre otras acciones que según la empresa buscan mantener las “buenas relaciones” con la comunidad. 

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